“El Estado tiene la obligación de proteger la salud y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, frente a una industria que utiliza estrategias digitales altamente persuasivas y que puede generar graves consecuencias personales, familiares y sociales.
Necesitamos el coraje y la valentía de poner el bien común por encima de los intereses económicos de unos pocos. Con la cuestión de las apuestas en línea tenemos una oportunidad concreta de hacerlo. ”
(Extracto)
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